El Ayuntamiento puede incurrir en un fraude de Ley

Los terrenos que el plan, de la memoria presentada por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat sobre la Modificación Puntual del PGM, denomina SUELOS NO DESARROLLADOS son de titularidad pública destinados a parque urbano y equipamientos públicos, como resultado del desarrollo de un planeamiento y su gestión urbanística, que conforman el sistema urbanístico de espacios libres del barrio de Mas Lluhí. Es decir, son suelos que ya han sido objeto de valoración, que su valor urbanístico fue determinado conforme a ley, que su aprovechamiento potencial se distribuyó entre los terrenos – hoy solares edificados – y que en virtud de su clasificación como suelos destinados a equipamientos de titularidad pública y/o zonas verdes, fueron cedidos gratuitamente al Ayuntamiento de Sant Feliu del Llobregat.
Y es, esta misma administración, la que ahora determina que estos suelos, situados en suelo urbano consolidado de titularidad pública, pueden volver a ser objeto de un nuevo planeamiento, que su calificación urbanística como suelos de titularidad pública puede ser gravemente alterada, pasando a ser de titularidad privada, susceptibles de un nuevo aprovechamiento urbanístico, al ser incluidos en un nuevo sector que modifica el planeamiento vigente, alterando su destino ya consolidado de suelos de sistemas públicos que garantizan un equilibrio urbanístico dentro de su sector de Mas Lluhí.
El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat no puede, sin incurrir en un evidente y flagrante fraude de ley, recalificar unos terrenos calificados urbanísticamente como “zonas verdes y equipamientos”, que fueron cedidos de forma obligatoria y gratuita en virtud del Plan Parcial de Mas Lluhí de 1995 para volver a obtener un aprovechamiento con la apariencia de que está recalificado “suelos inacabados o no desarrollados” en vez de suelos Consolidados de titularidad pública. De hacerlo, no solo sería un fraude al citado Plan Parcial sino que generaría un derecho de reversión de la Junta de Reparcelación, cuyo impacto económico no es evaluado en la citada memoria. Dicha carencia supone un defecto de justificación del proyecto al vulnerar el Art. 59 de la Ley de Urbanismo que exige que se realice “una evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar.”